CUATRO
El caso del general en retiro Gary
Prado Salmón es el más dramático de los abusos de autoridad que comete
el MAS en estos días. (La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en un
intento por recuperar la credibilidad a los organismos de derechos
humanos en el país, por detener la instrumentalización política que el
MAS hace de éstos y por regresar al juego limpio en materia de justicia,
ha intentado retirarse como
parte acusatoria contra Leopoldo Fernández en el caso Porvenir,
pero la línea oficial del Gobierno se ha impuesto entre las autoridades
judiciales y se le ha negado la solicitud.) De manera oficiosa el
Gobierno parece entrampado en los resabio de la Guerra Fría, algo que
muchos en esta parte del mundo quisieran olvidar.
En el
Caso Terrorismo
–así es llamado por la prensa- el Estado boliviano no ha podido probar
sus acusaciones en contra del general en retiro Gary Prado Salmón en los
siete años que lleva el proceso. De acuerdo con el Nuevo Código Penal,
el acusado debió haber sido puesto en libertad al tercer año de iniciado
el juicio ante la incapacidad de dictar sentencia. La respuesta que han
dado las autoridades judiciales es que esta demora en la aplicación de
justicia no ha sido por falta de pruebas. Por lo contrario, les parece
normal la demora y según ellos todo se encontraría dentro de los tiempos
previstos. Lo paradójico de todo es que años atrás, el hoy
vicepresidente Álvaro García Linera fue otro
encarcelado por terrorismo
que resultó favorecido con esta reforma de ley. Aprobado durante el
gobierno de Sánchez de Lozada -en busca de humanizar el sistema
penitenciario y agilizar la administración de justicia-, el Nuevo Código
Penal parece no importar al gobierno del MAS hoy en día. El presidente
Morales ha expresado
comentarios como que la reforma no se
aplica en el caso de Prado pues se trata de un ex militar involucrado en
un delito de traición a la Patria; aunque de manera cínica se cuida de
agregar al final de su sentencia condenatoria unas palabras que le
cubran las espaldas ante cualquier señalamiento de obstrucción a la
justicia o usurpar las funciones del juez: “pero esto es algo que
decidirá la justicia”.
Al revisar la historia del proceso
se puede evidenciar grandes irregularidades. El fiscal acusador ha
desaparecido, fugó del país bajo acusaciones de
extorsión
(delito frecuente en el deteriorado Sistema Judicial boliviano, del
cual Álvaro García Linera ha fungido como amo y señor en todo este
tiempo). Como si esto no fuera suficiente razón para replantear el caso,
el mismo ex fiscal Marcelo Soza ha sido explícito al calificar el
caso terrorismo como
un
montaje del Gobierno del MAS. Declaraciones de otros miembros de la Policía también apuntan en el mismo sentido:
“el gobierno trajo a Eduardo Rozsa al país”.
Lo que sí consta es que la existencia de Eduardo Rozsa en la ciudad de
Santa Cruz era conocida por el Gobierno del MAS desde años atrás y venía
buscando la manera de desarticular La Media Luna. (El año 2006 fuí
repatriado de México a través de la
OIM y me consta que el
embajador de Bolivia
de entonces sabía de Eduardo Rozsa; para mí, se trató del
descubrimiento de un cineasta boliviano ignorado hasta que ví la noticia
de los sucesos en el Hotel Las Américas del 16 de abril de 2009.)
Parece
algo innegable que la política hoy en día atraviesa por la capacidad de
montar un espectáculo. Desde Ronald Reagan sabemos que los malos
actores pueden llegar a presidentes. En Bolivia
el gobierno del cambio
ha probado que un presentador de televisión puede ser elevado a la
altura de Lenin y convertirse en vice presidente de la República, o que
un segundo presentador de noticias con igual grado de exposición ante
las cámaras puede reciclarse como presidente del Senado si goza de la
confianza personal del Caudillo. Sospecho que en gran medida el drama
del general Gary Prado es debido a la mala prensa. El histrionismo
televisivo de cualquiera de los miembros del Gobierno (Evo o Linera o
Gringo
Gonzáles) bastaría para condenarlo ante la opinión pública por todas
las dictaduras militares habidas en el pasado, junto con el robo de las
joyas de la Virgen de Copacabana. Nuestros
ciudadanos de la tv han olvidado recordar que el general Gary Prado fue –además del oficial boliviano que capturó a
Che
Guevara- uno de los militares institucionalistas que desde el interior
de las Fuerzas Armadas influyó de manera decisiva para el regreso de la
democracia en Bolivia. Este papel fue reconocido por la propia
izquierda revolucionaria del momento cuando el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria lo invitó a militar en sus filas (década de los ’80).
Tal
vez sea conveniente dentro de la narrativa maniquea que se acostumbra
desde el MAS presentar a un oficial boliviano que tomó prisionero al
cabecilla de una fuerza expedicionaria extranjera como un asesino a
sangre fría, un sicario de una dictadura militar o como un apátrida que
al final de la jornada se decide por convertirse en tira bombas y
traicionar a la Patria desde su silla de ruedas. Pero cualquier
militante de izquierda medianamente informado no ignora que el entonces
capitán Gary Prado cumplía con su deber, procedió con profesionalismo en
la captura del
Che, que fue respetuoso en el trato y que
no fue quien lo asesinó;
tampoco se puede pasar por alto que Guevara cometió serios errores de
voluntarismo mesiánico, como el intentar una revolución en un país donde
se venían dando cambios de mayor trascendencia que una utopía mediática
bajo el aura venerable de Jean Paul Sartre o jóvenes intelectuales
franceses como
Regis Debray.
La
parquedad es una deformación profesional de los militares, pero no se
puede condenar a un hombre por no ser fotogénico o por no ser elocuente
ante las cámaras. ¿Por qué involucrar a un héroe militar en el montaje?
Evo Morales es un sindicalista cocalero formado por Filemón Escobar
dentro de la versión boliviana del trotskismo (el lorismo), no es un
cuadro marxista leninista entrenado por la KGB en la Universidad Lubumba
para derrotar al
imperialismo yanqui como lo fuera
Carlos El Chacal (ideal
de revolucionario según Hugo Chávez). Eduardo Rozsa tenía este perfil
terrorista y por ello está más próximo de las sectas políticas de la
izquierda radical europea (alemanas e italianas, pongo por casos) que de
un sindicalista cocalero a quien el pueblo improvisa como presidente de
Bolivia para llevar adelante un plan de gobierno específico (y que
hasta ahora no ha cumplido: la Agenda de Octubre). ¿Por qué insistir en
darse baños de pureza con la sangre de un rival político en desgracia?
¿Por qué insistir en el despropósito del revanchismo a la vez que se
brinda a la salud de la Patria y se toman fotografías con prominentes
miembros de aquel partido político?
Por alguna razón
que nadie se explica, Evo Morales insiste en su posición condenatoria.
¿Gobierna para los cubanos mientras Cuba está de regreso de la Guerra
Fría? ¿Son dinosaurios de la Guerra Sucia argentina de los ’70 quienes
están detrás? Por la manera en que se han dado las cosas, tampoco debe
descartarse otra posibilidad: los implicados en el caso no han ocultado
su
búsqueda de protagonismo mediático
y esta es una señal de fanatismo que puede ser indicio de que el
general Prado -debido a su prestigio militar- haya sido arrastrado desde
los dos bandos para ser implicado: para protegerse detrás de su nombre,
para lucir su cabeza como trofeo de guerra, o como intento de replicar
lo sucedido en la ex Yugoslavia y
atar la política interna boliviana a un conflicto étnico religioso
de vieja data. Los propios Estados Unidos parecían en algún momento
querer replicar aquel conflicto en Bolivia con el nombramiento del
entonces embajador
Philip Goldberg (para algunos miembros del Gobierno, responsable intelectual de la desintegración de Yugoslavia).
Quien escribe esto, por ejemplo, ha sido abordado durante sus viajes
por Sudamérica de manera sucesiva por ambos bandos en cuestión: en
Venezuela, por un musulmán simpatizante de Evo Morales que parecía estar
al tanto de mi nacionalidad y mi circunstancia política (2012); en
Colombia, el abordaje fue hecho al pasar por un hombre joven de habla
eslava que lucía la camiseta a cuadros de la selección de fútbol de la
ex Yugoslavia, como recordándome que los conflictos en nuestros días son
globales y que el mapa político de un país es algo relativo. De igual
manera, para nadie es un misterio el papel que juega la comunidad croata
dentro del empresariado chileno tanto como en el cruceño. Apellidos
como Kuljis y Marinkovik suenan en la política lo mismo que en los
negocios. No sería la primera vez que alguien se ve puesto en medio de
una situación semejante
sin deberla ni tenerla. Los conflictos
secretos de baja intensidad han proliferado en la región y las intrigas
son el pan de todos los días. Vivimos en la era de la información y las
guerras de desinformación. Y el chisme es algo de lo cual el MAS conoce
bastante.
El último giro en el
via crucis del general Prado fue dado por dos connotados compañeros de partido del propio Evo Morales: Jerjes Justiniano y Osvaldo
Chato Peredo. En una carta hecha pública de manera repentina, ambos
militantes del MAS interceden por el acusado.
Más exactamente, piden que el presidente haga uso de sus facultades
para declarar amnistía a todos los acusados, incluyendo al general en
retiro.
Los motivos que estos viejos políticos han dado
en su carta pública (fechada el pasado 6 de julio) son: razones
humanitarias, por la paz social en Santa Cruz, la convivencia y la
reconciliación nacional, además de la salud del acusado. Osvaldo Peredo
ha sido el más activo de los dos. Mientras el ala del MAS que obedece
las órdenes de Juan Ramón Quintana (familia Romero de Sudamericana de
Televisión) se dedicaba a defender y difundir la acusación temeraria de
Evo Morales, Osvaldo Peredo se movilizó en la prensa cruceña para
justificar su propuesta: ninguno de los dos, ni Jerjes Justiniano ni él,
pueden ser señalados de pro imperialistas estadunidenses. En este
sentido, se consideran los mejor autorizados para interceder por el
general Gary Prado. Peredo incluso recuerda que tiene dos hermanos
muertos en el bando guerrillero liderado por
Ché Guevara, pero
que no guarda ningún sentimiento de venganza hacia Gary Prado. Sin
embargo, refuta a Prado cuando éste firma que el proceso en su contra es
una venganza por la captura del
Che. Según Peredo, no hay ninguna conjura en contra de Gary Prado por la muerte de Guevara.
Ver también: Monika Ertl
Lo más sorprende de todo es que hasta la fecha no ha sido realizada una
investigación imparcial del caso. El Gobierno no se ha pronunciado desde que la madre de uno de los extranjeros muertos (Caroyln Dwyer) se pronunciara a favor de una
comisión internacional.
Mientras tanto, conviene dejar señalados algunos hechos adicionales. La
intervención de Osvaldo Peredo deja en claro que el antiguo Partido
Comunista de Bolivia ha estado involucrado en la trama de principio a
fin, desde la fabricación de Eduardo Rozsa como agente internacional
hasta el desenlace trágico de su vida bajo la acusación de
terrorista.
El ministro de gobierno de entonces, Alfredo Rada -yerno de Osvaldo
Peredo, por cierto- justificando los hechos consideraba a Eduardo Rozsa
un
mercenario. La fabricación de Eduardo Rozsa como agente
internacional sólo pudo ser hecha desde la infraestructura multinacional
del Partido Comunista Soviético y los restos del aparato de
inteligencia ruso de la Guerra Fría en España y en la desintegrada
Yugoslavia. Rozsa fue sucesivamente corresponsal de guerra, traidor
comunista, combatiente y héroe de guerra para los húngaros. Su filme
autobiográfico
Chico (2001)
parece la historia de un émulo del
Ché
Guevara, con el Chile de Salvador Allende como punto de partida. Al
final, el filme divaga entre el retrato narcisista centrado en su figura
y la exaltación de aquella guerra medieval con armas modernas que se
desarrolló en los Balcanes para vergüenza de la especie humana.
La
actitud política de Osvaldo Peredo quizá deba ser entendida como un
intento de salida honorable para todos en este enredo, pero no ha sido
entendido así por el presidente Evo Morales.
CINCO
Lo
que asemeja los casos de Costas y Prado es que se trata de dos
políticos de oposición que a diferencia de los demás acusados de
separatismo por el Estado no salieron del país luego de los hechos del
2009. Rubén Costas Aguilera, empresario cañero y antiguo militante del
social demócrata Movimiento Bolivia Libre (MBL) debe su relanzamiento
político al movimiento cívico de Santa Cruz. Entre sus logros políticos
está el haber encabezado la demanda autonómica, causa que posteriormente
fuera adoptada por otros departamentos del país y que actualmente se
encuentra reconocida por la Constitución Política del Estado y un
ministerio específico para el tema. Junto con la Ley de Participación
Popular ideada por Carlos Hugo Molina, las autonomías han sido el mayor
aporte político de Santa Cruz a la democracia boliviana reciente; a la
autonomía urbana se sumaron las autonomías indígenas de los pueblos del
Oriente boliviano. Gracias a ella el gobierno de los departamentos
(antiguas prefecturas) dejó de ser un botín político para el presidente
de la República y su familia para pasar a constituirse en otro cargo de
la administración pública sometido al debate ciudadano y la voluntad del
voto popular. Si bien es cierto que el término
autonomía puede
ser vaciada de su contenido democratizador en manos de una
administración pública elitista, en el campo de la realización política
se ha demostrado que no es la panacea a todos nuestros males y tampoco
es la desintegración nacional anunciada por los catastrofistas.
A
su vez, Gary Prado Salmón es un general de Ejército en retiro cuyos
antecedentes democráticos pueden ser calificados como impecables. Como
suele decirse, Prado no debe sus estrellas de general a alguna aventura
política ni cuartelazo, sino a su trayectoria profesional e historial de
eficiencia que va desde su servicio en la Guerrilla de Ñancahuzú en los
’60 y atraviesa la década conflictiva de los ’80. Su desempeño lo ha
convertido en el rostro progresista y más profesional de las Fuerzas
Armadas. Puede decirse que su carrera ha sido
motivo de respeto y credibilidad para las FFAA
durante la peor crisis institucional que haya tenido a raíz del
desgaste institucional tras los años dictatoriales de Hugo Bánzer
Suárez. Ni como oficial de Ejército ni como político progresista dio
muestras del falso protagonismo que atormenta a los conspiradores y los
golpistas en Bolivia (fanfarronería). Por el contrario, puede asegurarse
que ha sido un personaje discreto y reservado que refleja un aire
caballeresco, lo que parece originarse en su experiencia personal en
Ñancahuazú. Ha tenido que cargar con el peso de la fama de ser el
oficial boliviano que derrotó en buena ley al célebre
Ché Guevara,
lo que le ha valido persecución internacional a lo largo de estos años
(en Brasil, un intento de homicidio; en México, un desaire diplomático
como embajador). Y este dato sería, según el propio general Gary Prado,
la razón por la cual ha sido implicado por el gobierno del MAS en el
caso de terrorismo del grupo irregular encabezado por Eduardo Rozsa: un
sentido de la justicia confundido con la venganza.
El
juicio del general Gary Prado Salmón tal vez sea uno de esos entuertos
legados por la Guerra Fría en donde no faltan los personajes anónimos
que amarran navajas entre desconocidos o exacerban pleitos ajenos en
busca de la ventaja política y el reclutamiento de personajes más o
menos influyentes. En ningún caso se trata de un problema que justifique
siete años de duración, con trato inhumano, sin sentencia ni final a la
vista. La presunción de inocencia es un principio universal del Derecho
que establece que el Estado acusador es quien debe presentar pruebas de
su acusación, no es el acusado quien debe presentar las pruebas de su
inocencia.
En la literatura de ficción existe una palabra
terrible que intenta calificar la pesadilla y el desamparo del individuo
ante el Estado autoritario, alguien que es atrapado por la mano
invisible de la burocracia laberíntica e indolente: kafkiano. El
enjuiciamiento del general Prado es un espectáculo kafkiano que viene
degradándonos desde siete años atrás. Como sociedad y como nación
asistimos a un espectáculo de crueldad vengativa que nadie sabe
explicar. Se trata de la puesta en escena de una mano conocida aunque
invisible. Nadie cree en la independencia del Sistema Judicial, el
propio Gobierno se encarga de trapear el piso con la mentada
independencia a diario, a través de las declaraciones del vicepresidente
o
bajando línea a sus subordinados: Fiscal General, jueces,
magistrados y policías, que en siete años han cambiado de nombre pero
representan el mismo papel y defienden la misma arbitrariedad jurídica.
Frente
a nosotros se desarrolla un espectáculo denigrante que nos envilece
como sociedad en la medida que alimenta el sentido revanchista de
alguien que no se identificó hasta que el presidente Evo intervino de
manera oficiosa: tendrá que demostrar que fue Gary Prado quien asesinó a
Ché Guevara si no quiere incurrir en
difamación y obstrucción
de la justicia o usurpación de funciones. En la medida que la venganza
nos hace menos humanos nos bestializa. El Sistema Judicial se ha
convertido en un montaje burdo de propaganda política. El escarnio
público se viene repitiendo como un ritual semana a semana, en donde la
víctima es objeto de humillaciones, vejamen público, violencia
simbólica, desgaste psicológico, atentado a su honorabilidad, atropello
de sus derechos humanos e irrespeto a su dignidad como persona. Esto sin
mencionar a la tortura su estado de salud deteriorada por la postración
en una
silla de ruedas. Debido a su estado de
invalidez, el general Gary Prado no puede permanecer más de dos horas
sentado sobre su silla, sin embargo se lo ha obligado desde siete años
atrás a asistir a maratónicas sesiones de tribunal que redundan sobre lo
mismo: su incapacidad para demostrar la culpabilidad del acusado. En el
fondo, se trata de la fórmula medieval de obtener una
confesión bajo tortura.
De hecho, los dos acusados que se encuentran libres han recuperado la
libertad luego de acudir al mecanismo del juicio abreviado (veredicto
inmediato y sentencia corta a cambio de declararse culpables, sin
importar la veracidad de los hechos).
Vamos a suponer por
un momento que el odio ideológico de la Guerra Fría fuera razón
suficiente para cometer una atrocidad semejante hoy. Vamos a suponer que
el solo hecho de la captura del
Ché Guevara legitima toda la
crueldad en juego. ¿Es la izquierda boliviana la mejor autorizada para
cobrar revancha? ¿Acaso se quiere borrar las palabras de
Ché Guevara en su abandono: "Los comunistas bolivianos son unos cerdos" (
Diario de campaña en Bolivia)?
A mí me parece más un acto de hipocresía y mala conciencia de un
gobierno que se aferra a sus errores ante la incapacidad de corregirlos.
Es
eso o estamos ante una guerra sin cuartel en donde impera la máxima de
Fidel Castro: “Al amigo se lo convence, al aliado se lo gana y al
enemigo se lo aplasta”. Los comunistas, al igual que las sectas
religiosas, no descansan hasta convertir a su credo a toda la familia,
incluyendo a la abuelita, al perico y al gato, como reza el dicho.
Santa Cruz de la Sierra, 3 de agosto de 2016
Franklin Farell Ortiz
Magister en artes por Saint Louis University
