El caso del general en retiro Gary Prado Salmón es el más dramático de los abusos de autoridad que comete el MAS en estos días. (La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en un intento por recuperar la credibilidad a los organismos de derechos humanos en el país, por detener la instrumentalización política que el MAS hace de éstos y por regresar al juego limpio en materia de justicia, ha intentado retirarse como parte acusatoria contra Leopoldo Fernández en el caso Porvenir, pero la línea oficial del Gobierno se ha impuesto entre las autoridades judiciales y se le ha negado la solicitud.) De manera oficiosa el Gobierno parece entrampado en los resabio de la Guerra Fría, algo que muchos en esta parte del mundo quisieran olvidar.
En el Caso Terrorismo –así es llamado por la prensa- el Estado boliviano no ha podido probar sus acusaciones en contra del general en retiro Gary Prado Salmón en los siete años que lleva el proceso. De acuerdo con el Nuevo Código Penal, el acusado debió haber sido puesto en libertad al tercer año de iniciado el juicio ante la incapacidad de dictar sentencia. La respuesta que han dado las autoridades judiciales es que esta demora en la aplicación de justicia no ha sido por falta de pruebas. Por lo contrario, les parece normal la demora y según ellos todo se encontraría dentro de los tiempos previstos. Lo paradójico de todo es que años atrás, el hoy vicepresidente Álvaro García Linera fue otro encarcelado por terrorismo que resultó favorecido con esta reforma de ley. Aprobado durante el gobierno de Sánchez de Lozada -en busca de humanizar el sistema penitenciario y agilizar la administración de justicia-, el Nuevo Código Penal parece no importar al gobierno del MAS hoy en día. El presidente Morales ha expresado comentarios como que la reforma no se aplica en el caso de Prado pues se trata de un ex militar involucrado en un delito de traición a la Patria; aunque de manera cínica se cuida de agregar al final de su sentencia condenatoria unas palabras que le cubran las espaldas ante cualquier señalamiento de obstrucción a la justicia o usurpar las funciones del juez: “pero esto es algo que decidirá la justicia”.
Al revisar la historia del proceso se puede evidenciar grandes irregularidades. El fiscal acusador ha desaparecido, fugó del país bajo acusaciones de extorsión (delito frecuente en el deteriorado Sistema Judicial boliviano, del cual Álvaro García Linera ha fungido como amo y señor en todo este tiempo). Como si esto no fuera suficiente razón para replantear el caso, el mismo ex fiscal Marcelo Soza ha sido explícito al calificar el caso terrorismo como un montaje del Gobierno del MAS. Declaraciones de otros miembros de la Policía también apuntan en el mismo sentido: “el gobierno trajo a Eduardo Rozsa al país”. Lo que sí consta es que la existencia de Eduardo Rozsa en la ciudad de Santa Cruz era conocida por el Gobierno del MAS desde años atrás y venía buscando la manera de desarticular La Media Luna. (El año 2006 fuí repatriado de México a través de la OIM y me consta que el embajador de Bolivia de entonces sabía de Eduardo Rozsa; para mí, se trató del descubrimiento de un cineasta boliviano ignorado hasta que ví la noticia de los sucesos en el Hotel Las Américas del 16 de abril de 2009.)
Parece algo innegable que la política hoy en día atraviesa por la capacidad de montar un espectáculo. Desde Ronald Reagan sabemos que los malos actores pueden llegar a presidentes. En Bolivia el gobierno del cambio ha probado que un presentador de televisión puede ser elevado a la altura de Lenin y convertirse en vice presidente de la República, o que un segundo presentador de noticias con igual grado de exposición ante las cámaras puede reciclarse como presidente del Senado si goza de la confianza personal del Caudillo. Sospecho que en gran medida el drama del general Gary Prado es debido a la mala prensa. El histrionismo televisivo de cualquiera de los miembros del Gobierno (Evo o Linera o Gringo Gonzáles) bastaría para condenarlo ante la opinión pública por todas las dictaduras militares habidas en el pasado, junto con el robo de las joyas de la Virgen de Copacabana. Nuestros ciudadanos de la tv han olvidado recordar que el general Gary Prado fue –además del oficial boliviano que capturó a Che Guevara- uno de los militares institucionalistas que desde el interior de las Fuerzas Armadas influyó de manera decisiva para el regreso de la democracia en Bolivia. Este papel fue reconocido por la propia izquierda revolucionaria del momento cuando el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria lo invitó a militar en sus filas (década de los ’80).
Tal vez sea conveniente dentro de la narrativa maniquea que se acostumbra desde el MAS presentar a un oficial boliviano que tomó prisionero al cabecilla de una fuerza expedicionaria extranjera como un asesino a sangre fría, un sicario de una dictadura militar o como un apátrida que al final de la jornada se decide por convertirse en tira bombas y traicionar a la Patria desde su silla de ruedas. Pero cualquier militante de izquierda medianamente informado no ignora que el entonces capitán Gary Prado cumplía con su deber, procedió con profesionalismo en la captura del Che, que fue respetuoso en el trato y que no fue quien lo asesinó; tampoco se puede pasar por alto que Guevara cometió serios errores de voluntarismo mesiánico, como el intentar una revolución en un país donde se venían dando cambios de mayor trascendencia que una utopía mediática bajo el aura venerable de Jean Paul Sartre o jóvenes intelectuales franceses como Regis Debray.
La parquedad es una deformación profesional de los militares, pero no se puede condenar a un hombre por no ser fotogénico o por no ser elocuente ante las cámaras. ¿Por qué involucrar a un héroe militar en el montaje? Evo Morales es un sindicalista cocalero formado por Filemón Escobar dentro de la versión boliviana del trotskismo (el lorismo), no es un cuadro marxista leninista entrenado por la KGB en la Universidad Lubumba para derrotar al imperialismo yanqui como lo fuera Carlos El Chacal (ideal de revolucionario según Hugo Chávez). Eduardo Rozsa tenía este perfil terrorista y por ello está más próximo de las sectas políticas de la izquierda radical europea (alemanas e italianas, pongo por casos) que de un sindicalista cocalero a quien el pueblo improvisa como presidente de Bolivia para llevar adelante un plan de gobierno específico (y que hasta ahora no ha cumplido: la Agenda de Octubre). ¿Por qué insistir en darse baños de pureza con la sangre de un rival político en desgracia? ¿Por qué insistir en el despropósito del revanchismo a la vez que se brinda a la salud de la Patria y se toman fotografías con prominentes miembros de aquel partido político?
Por alguna razón que nadie se explica, Evo Morales insiste en su posición condenatoria. ¿Gobierna para los cubanos mientras Cuba está de regreso de la Guerra Fría? ¿Son dinosaurios de la Guerra Sucia argentina de los ’70 quienes están detrás? Por la manera en que se han dado las cosas, tampoco debe descartarse otra posibilidad: los implicados en el caso no han ocultado su búsqueda de protagonismo mediático y esta es una señal de fanatismo que puede ser indicio de que el general Prado -debido a su prestigio militar- haya sido arrastrado desde los dos bandos para ser implicado: para protegerse detrás de su nombre, para lucir su cabeza como trofeo de guerra, o como intento de replicar lo sucedido en la ex Yugoslavia y atar la política interna boliviana a un conflicto étnico religioso de vieja data. Los propios Estados Unidos parecían en algún momento querer replicar aquel conflicto en Bolivia con el nombramiento del entonces embajador Philip Goldberg (para algunos miembros del Gobierno, responsable intelectual de la desintegración de Yugoslavia). Quien escribe esto, por ejemplo, ha sido abordado durante sus viajes por Sudamérica de manera sucesiva por ambos bandos en cuestión: en Venezuela, por un musulmán simpatizante de Evo Morales que parecía estar al tanto de mi nacionalidad y mi circunstancia política (2012); en Colombia, el abordaje fue hecho al pasar por un hombre joven de habla eslava que lucía la camiseta a cuadros de la selección de fútbol de la ex Yugoslavia, como recordándome que los conflictos en nuestros días son globales y que el mapa político de un país es algo relativo. De igual manera, para nadie es un misterio el papel que juega la comunidad croata dentro del empresariado chileno tanto como en el cruceño. Apellidos como Kuljis y Marinkovik suenan en la política lo mismo que en los negocios. No sería la primera vez que alguien se ve puesto en medio de una situación semejante sin deberla ni tenerla. Los conflictos secretos de baja intensidad han proliferado en la región y las intrigas son el pan de todos los días. Vivimos en la era de la información y las guerras de desinformación. Y el chisme es algo de lo cual el MAS conoce bastante.
El último giro en el via crucis del general Prado fue dado por dos connotados compañeros de partido del propio Evo Morales: Jerjes Justiniano y Osvaldo Chato Peredo. En una carta hecha pública de manera repentina, ambos militantes del MAS interceden por el acusado. Más exactamente, piden que el presidente haga uso de sus facultades para declarar amnistía a todos los acusados, incluyendo al general en retiro.
Los motivos que estos viejos políticos han dado en su carta pública (fechada el pasado 6 de julio) son: razones humanitarias, por la paz social en Santa Cruz, la convivencia y la reconciliación nacional, además de la salud del acusado. Osvaldo Peredo ha sido el más activo de los dos. Mientras el ala del MAS que obedece las órdenes de Juan Ramón Quintana (familia Romero de Sudamericana de Televisión) se dedicaba a defender y difundir la acusación temeraria de Evo Morales, Osvaldo Peredo se movilizó en la prensa cruceña para justificar su propuesta: ninguno de los dos, ni Jerjes Justiniano ni él, pueden ser señalados de pro imperialistas estadunidenses. En este sentido, se consideran los mejor autorizados para interceder por el general Gary Prado. Peredo incluso recuerda que tiene dos hermanos muertos en el bando guerrillero liderado por Ché Guevara, pero que no guarda ningún sentimiento de venganza hacia Gary Prado. Sin embargo, refuta a Prado cuando éste firma que el proceso en su contra es una venganza por la captura del Che. Según Peredo, no hay ninguna conjura en contra de Gary Prado por la muerte de Guevara.
Ver también: Monika Ertl
Lo más sorprende de todo es que hasta la fecha no ha sido realizada una investigación imparcial del caso. El Gobierno no se ha pronunciado desde que la madre de uno de los extranjeros muertos (Caroyln Dwyer) se pronunciara a favor de una comisión internacional. Mientras tanto, conviene dejar señalados algunos hechos adicionales. La intervención de Osvaldo Peredo deja en claro que el antiguo Partido Comunista de Bolivia ha estado involucrado en la trama de principio a fin, desde la fabricación de Eduardo Rozsa como agente internacional hasta el desenlace trágico de su vida bajo la acusación de terrorista. El ministro de gobierno de entonces, Alfredo Rada -yerno de Osvaldo Peredo, por cierto- justificando los hechos consideraba a Eduardo Rozsa un mercenario. La fabricación de Eduardo Rozsa como agente internacional sólo pudo ser hecha desde la infraestructura multinacional del Partido Comunista Soviético y los restos del aparato de inteligencia ruso de la Guerra Fría en España y en la desintegrada Yugoslavia. Rozsa fue sucesivamente corresponsal de guerra, traidor comunista, combatiente y héroe de guerra para los húngaros. Su filme autobiográfico Chico (2001) parece la historia de un émulo del Ché Guevara, con el Chile de Salvador Allende como punto de partida. Al final, el filme divaga entre el retrato narcisista centrado en su figura y la exaltación de aquella guerra medieval con armas modernas que se desarrolló en los Balcanes para vergüenza de la especie humana.
La actitud política de Osvaldo Peredo quizá deba ser entendida como un intento de salida honorable para todos en este enredo, pero no ha sido entendido así por el presidente Evo Morales.
CINCO
Lo que asemeja los casos de Costas y Prado es que se trata de dos políticos de oposición que a diferencia de los demás acusados de separatismo por el Estado no salieron del país luego de los hechos del 2009. Rubén Costas Aguilera, empresario cañero y antiguo militante del social demócrata Movimiento Bolivia Libre (MBL) debe su relanzamiento político al movimiento cívico de Santa Cruz. Entre sus logros políticos está el haber encabezado la demanda autonómica, causa que posteriormente fuera adoptada por otros departamentos del país y que actualmente se encuentra reconocida por la Constitución Política del Estado y un ministerio específico para el tema. Junto con la Ley de Participación Popular ideada por Carlos Hugo Molina, las autonomías han sido el mayor aporte político de Santa Cruz a la democracia boliviana reciente; a la autonomía urbana se sumaron las autonomías indígenas de los pueblos del Oriente boliviano. Gracias a ella el gobierno de los departamentos (antiguas prefecturas) dejó de ser un botín político para el presidente de la República y su familia para pasar a constituirse en otro cargo de la administración pública sometido al debate ciudadano y la voluntad del voto popular. Si bien es cierto que el término autonomía puede ser vaciada de su contenido democratizador en manos de una administración pública elitista, en el campo de la realización política se ha demostrado que no es la panacea a todos nuestros males y tampoco es la desintegración nacional anunciada por los catastrofistas.
A su vez, Gary Prado Salmón es un general de Ejército en retiro cuyos antecedentes democráticos pueden ser calificados como impecables. Como suele decirse, Prado no debe sus estrellas de general a alguna aventura política ni cuartelazo, sino a su trayectoria profesional e historial de eficiencia que va desde su servicio en la Guerrilla de Ñancahuzú en los ’60 y atraviesa la década conflictiva de los ’80. Su desempeño lo ha convertido en el rostro progresista y más profesional de las Fuerzas Armadas. Puede decirse que su carrera ha sido motivo de respeto y credibilidad para las FFAA durante la peor crisis institucional que haya tenido a raíz del desgaste institucional tras los años dictatoriales de Hugo Bánzer Suárez. Ni como oficial de Ejército ni como político progresista dio muestras del falso protagonismo que atormenta a los conspiradores y los golpistas en Bolivia (fanfarronería). Por el contrario, puede asegurarse que ha sido un personaje discreto y reservado que refleja un aire caballeresco, lo que parece originarse en su experiencia personal en Ñancahuazú. Ha tenido que cargar con el peso de la fama de ser el oficial boliviano que derrotó en buena ley al célebre Ché Guevara, lo que le ha valido persecución internacional a lo largo de estos años (en Brasil, un intento de homicidio; en México, un desaire diplomático como embajador). Y este dato sería, según el propio general Gary Prado, la razón por la cual ha sido implicado por el gobierno del MAS en el caso de terrorismo del grupo irregular encabezado por Eduardo Rozsa: un sentido de la justicia confundido con la venganza.
El juicio del general Gary Prado Salmón tal vez sea uno de esos entuertos legados por la Guerra Fría en donde no faltan los personajes anónimos que amarran navajas entre desconocidos o exacerban pleitos ajenos en busca de la ventaja política y el reclutamiento de personajes más o menos influyentes. En ningún caso se trata de un problema que justifique siete años de duración, con trato inhumano, sin sentencia ni final a la vista. La presunción de inocencia es un principio universal del Derecho que establece que el Estado acusador es quien debe presentar pruebas de su acusación, no es el acusado quien debe presentar las pruebas de su inocencia.
En la literatura de ficción existe una palabra terrible que intenta calificar la pesadilla y el desamparo del individuo ante el Estado autoritario, alguien que es atrapado por la mano invisible de la burocracia laberíntica e indolente: kafkiano. El enjuiciamiento del general Prado es un espectáculo kafkiano que viene degradándonos desde siete años atrás. Como sociedad y como nación asistimos a un espectáculo de crueldad vengativa que nadie sabe explicar. Se trata de la puesta en escena de una mano conocida aunque invisible. Nadie cree en la independencia del Sistema Judicial, el propio Gobierno se encarga de trapear el piso con la mentada independencia a diario, a través de las declaraciones del vicepresidente o bajando línea a sus subordinados: Fiscal General, jueces, magistrados y policías, que en siete años han cambiado de nombre pero representan el mismo papel y defienden la misma arbitrariedad jurídica.
Frente a nosotros se desarrolla un espectáculo denigrante que nos envilece como sociedad en la medida que alimenta el sentido revanchista de alguien que no se identificó hasta que el presidente Evo intervino de manera oficiosa: tendrá que demostrar que fue Gary Prado quien asesinó a Ché Guevara si no quiere incurrir en difamación y obstrucción de la justicia o usurpación de funciones. En la medida que la venganza nos hace menos humanos nos bestializa. El Sistema Judicial se ha convertido en un montaje burdo de propaganda política. El escarnio público se viene repitiendo como un ritual semana a semana, en donde la víctima es objeto de humillaciones, vejamen público, violencia simbólica, desgaste psicológico, atentado a su honorabilidad, atropello de sus derechos humanos e irrespeto a su dignidad como persona. Esto sin mencionar a la tortura su estado de salud deteriorada por la postración en una silla de ruedas. Debido a su estado de invalidez, el general Gary Prado no puede permanecer más de dos horas sentado sobre su silla, sin embargo se lo ha obligado desde siete años atrás a asistir a maratónicas sesiones de tribunal que redundan sobre lo mismo: su incapacidad para demostrar la culpabilidad del acusado. En el fondo, se trata de la fórmula medieval de obtener una confesión bajo tortura. De hecho, los dos acusados que se encuentran libres han recuperado la libertad luego de acudir al mecanismo del juicio abreviado (veredicto inmediato y sentencia corta a cambio de declararse culpables, sin importar la veracidad de los hechos).
Vamos a suponer por un momento que el odio ideológico de la Guerra Fría fuera razón suficiente para cometer una atrocidad semejante hoy. Vamos a suponer que el solo hecho de la captura del Ché Guevara legitima toda la crueldad en juego. ¿Es la izquierda boliviana la mejor autorizada para cobrar revancha? ¿Acaso se quiere borrar las palabras de Ché Guevara en su abandono: "Los comunistas bolivianos son unos cerdos" (Diario de campaña en Bolivia)? A mí me parece más un acto de hipocresía y mala conciencia de un gobierno que se aferra a sus errores ante la incapacidad de corregirlos.
Es eso o estamos ante una guerra sin cuartel en donde impera la máxima de Fidel Castro: “Al amigo se lo convence, al aliado se lo gana y al enemigo se lo aplasta”. Los comunistas, al igual que las sectas religiosas, no descansan hasta convertir a su credo a toda la familia, incluyendo a la abuelita, al perico y al gato, como reza el dicho.
Santa Cruz de la Sierra, 3 de agosto de 2016
Franklin Farell Ortiz
Magister en artes por Saint Louis University
